Incentivos para la política en México.
Texto publicado en Red Siete, el 24 de Abril 2011
Hoy por hoy la política en México no da los resultados esperados, esto en un entorno amigable, ya que la percepción de la mayoría de los ciudadanos es más dura, expresando que los actores políticos son unos mantenidos, buenos para nada en el mejor de los casos. Tienen razón en muchos de los políticos, aunque me atrevería a decir que no es responsabilidad directa de los que hacen política el día de hoy, sino de su entorno heredado para desarrollar la profesión.
Las condiciones de trabajo y las reglas de cualquier profesión son indispensables e influyen directamente en el desempeño y en la actitud para afrontar las vicisitudes laborales, de manera tal, que rendimos más en climas afines a nuestro perfil, al contrario si el contexto y las reglas incentivan y fomentan la hostilidad y el bloqueo. Los incentivos determinan los resultados, véase el caso de empresas como Google o Apple, reconocidas por sus excelentes ambientes de trabajo y también por sus resultados envidiables. El escenario político no es tan alejado de la necesidad de encontrar condiciones óptimas para generar más y mejores utilidades.
Es así que el sistema político mexicano está diseñado para el dominio de un partido político, en una cadena de mando vertical. Oficialmente el Estado está constituido en 3 poderes formales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque desafortunadamente la realidad histórica de nuestro país, da cuentas de que el poder se ejerció dictatorialmente desde la presidencia, cuando el Ejecutivo designaba desde legisladores y magistrados, pasando por gobernadores, presidentes municipales y hasta algunos regidores, exacerbando su poder en las llamadas facultades metaconstitucionales, era una verdadera aplanadora.
La transición en el 2000 tuvo la mala fortuna de no contar con un plan para modificar “Las reglas del juego”, de manera que la pluralidad y la democracia no han encontrado un cause funcional para los ciudadanos, alejados de la coyuntura y con verdadera visión de Estado.
La pluralidad, en el modelo presidencialista de un Ejecutivo muy fuerte, fortaleció al Congreso y al Poder Judicial, pero sin las facultades necesarias para incidir determinantemente en el cambio necesario del modelo. En este caso los contrapesos se convierten en bloqueos constantes, un ejemplo de lo anterior es el proceso torpe para elaborar leyes funcionales, es decir, El ejecutivo propone una iniciativa de reforma Política, Laboral, Fiscal, etc., la pluralidad en el congreso dominada por partidos de oposición bloquea la iniciativa, temiéndole a los costos políticos en principio, después por no ceder triunfos al partido en el gobierno y además porque seguramente tenemos una elección en puerta. El incentivo es el bloqueo de la oposición para poder avanzar políticamente y el resultado es la parálisis legislativa o la aprobación de leyes obsoletas que no modifican nuestra realidad.
La dinámica de eterna competencia, de confrontación entre poderes, de contrapesos mal entendidos funcionales para las “fuercitas” entre ellos, imposibilita la concreción de acuerdos, por lo tanto en acciones viables y contundentes para desarrollar el país a la velocidad potencial y deseable.Los incentivos determinan los resultados, otro ejemplo es la temporalidad del empleo en la política, ¿Qué harían si supieran que en 2012 se acaba su trabajo? En lo personal la lógica me indica buscar otro de inmediato, incluso sería imposible no descuidar el actual, ¿Por qué perder el tiempo? Algunos dirán que su trabajo como funcionario implica la responsabilidad para no pensar de esa manera, pero yo me pregunto ¿Qué me mente tan inocente o tan maquiavélica, creo esa percepción utópica? En pocos lugares del mundo tenemos preceptos en los cuales se pretenda que los políticos pertenezcan a una raza sin instintos ni pasiones, parecería que la política en México se ejerció en el Siglo XX bajo condiciones religiosas, no sería alejado de la realidad pues nuestra nación es de derecha.
Los incentivos en nuestro modelo están orientados a la competencia, al bloqueo, a la aversión del costo político, a la negación del acuerdo, al todo o nada, a la imposición, al clientelismo y a la polarización.
Para ello existen importantes iniciativas para reformar el Estado, entre las más importantes en los últimos años están los 10 puntos del Presidente Calderón y las 8 “Rs” del Senador Manlio Fabio Beltrones. Las opciones a la mano es mirar nuevamente a los Estados Unidos, complicada vía ya que ahí tienen un bipartidismo inviable para las condiciones político – sociales de México. Por otro lado está la alternativa de los sistemas parlamentarios y semi – parlamentarios de la UE, en donde encontramos en su generalidad mecanismos que OBLIGAN a los acuerdos, con un espíritu que plantea que la funcionalidad del Parlamento esta en los acuerdos que reditúen y no en la aprobación o desecho de los proyectos del Ejecutivo, generando una parálisis que se da por largos periodos.
Incentivos que generen una dinámica de acuerdos en México y/o normas que OBLIGUEN a los pactos en el Congreso y entre los Poderes, es el camino que debemos buscar, un ejemplo de un buen incentivo para generar nuevas costumbres, es la reelección de legisladores y alcaldes, esta plantea un periodo máximo de 12 años en cada caso. Me parece que daría frutos casi inmediatos, en principio por la profesionalización de los actores políticos, permitiéndoles tener una programa de trabajo y proyectos de ley con visión que podrán desarrollar a lo largo de su periodo, también se liberarían del temor natural por quedarse sin empleo, además de alejarlos de las deudas políticas con sus partidos y obligándolos a acercase a la sociedad que vota por ellos.
Los incentivos fueron los incorrectos durante todo el Siglo XX, hoy en la pluralidad democrática, estamos inmersos en un estancamiento contrario a las necesidades y a las expectativas de la transición. La frustración ha llegado para muchos, pero para otros tantos la conciencia de que el sistema político deberá tomar otro rumbo en los próximos años, acercándolo a una semi presidencialismo parlamentario, donde el costo y la responsabilidad de las decisiones serán asumidas por los 3 poderes en una nueva dinámica impulsada por la norma que obligará e incentivará los acuerdos.
En esta semana el Senado de la Republica, está por aprobar una reforma política, siendo el principio de una reconfiguración de la dinámica en México, esperando que estos cambios sean el inicio de más grandes y optimicen la relación entre poderes, para que de una vez por todas los políticos trabajen en condiciones adecuadas.
Entre los primeros cambios al sistema veremos:
1. Iniciativa preferente para que el Ejecutivo federal pueda presentar dos proyectos al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. Por su parte, las cámaras de Diputados y de Senadores tendrán la obligación de dictaminar dichas iniciativas presidenciales en un periodo no mayor a 30 días, de lo contrario se considerarán dictaminadas como vienen.
2. Facultad al Ejecutivo para hacer observaciones parciales o totales al Presupuesto de Egresos de la Federación y la reconducción presupuestal.
3. Sustitución del Presidente de la República en caso de falta absoluta, quien sería sustituido por el secretario de Gobernación como presidente provisional, o en su caso por los secretarios de Hacienda o de Relaciones Exteriores. Importante es enfatizar en que el presidente provisional “no tenga facultades para remover al gabinete si no cuenta con autorización del Senado de la República”.
4. Reelección consecutiva de legisladores federales, con un límite de dos reelecciones para los diputados y una para los senadores.
5. Respecto a los congresos locales, los cambios constitucionales prevén eliminar la prohibición de las elecciones consecutivas en las entidades y dejar a su potestad la reelección con un límite de dos.
6. Se instaura la ratificación, por parte del Senado, de los comisionados de los órganos reguladores como las comisiones Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Federal de Competencia (CFC) y Reguladora de Energía (CRE).
7. Iniciativa ciudadana y consulta popular, que puede ser convocada por el Congreso a solicitud ciudadana, del Ejecutivo o de una tercera parte de cualquiera de las cámaras federales.
8. Candidaturas independientes.
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